Impulso a las Transformaciones – Daniel Martínez

Así abría y cerraba Daniel Martínez, Ingeniero y Pre-Candidato a la Presidencia de la República, el Impulso a las Transformaciones, tercer encuentro del Impulso al Desarrollo. 

Intervención de Apertura 

En los eventos de las últimas dos semanas, presentamos los grandes desafíos a los que se enfrenta nuestro país, tanto los desafíos internos como la necesidad de insertarnos en un contexto internacional complejo, incierto y tremendamente cambiante. 

Me gustan los desafíos, y por eso con mi equipo preparamos una estrategia global para aprovechar esta coyuntura como una oportunidad para construir un mejor Uruguay. De eso se trata el nuevo impulso al desarrollo que hemos presentado: es una estrategia para construir un Uruguay con centro en el desarrollo humano, en la calidad de vida de su gente, con igualdad de oportunidades, fundamentalmente en el punto de partida, con una sociedad integrada; y todo ello sustentado en un desarrollo productivo innovador, emprendedor, creativo, que apalanca de forma inteligente y ambientalmente sostenible el valor de sus recursos naturales, y con capacidad de adaptación al dinámico contexto global. 

La construcción de este nuevo Uruguay del siglo XXI nos involucra a todos y todas. Como he hecho a lo largo de toda mi vida política, social y profesional, los cambios no se hacen para la gente, sino con la gente. Todos podemos ser parte de los cambios. Animarnos a innovar, apostar a la excelencia, construir solidaridad, aceptar y valorar la diversidad, son siempre procesos colectivos. 

Sin embargo, como siempre he intentado hacer, antes de pedirle responsabilidades a los demás, como Presidente asumiré mis propias responsabilidades, haciendo desde el gobierno lo que la gente espera que hagamos. A lo largo de los dos eventos anteriores mencioné varias veces la necesidad de desarrollar una nueva generación de políticas públicas, con una mirada mucho más transversal. Pero hay que ir más allá. Los grandes desafíos que planteamos con el nuevo impulso al desarrollo exigen un nuevo Estado que esté a la altura del desafío. Así como Batlle y Ordóñez moldeó lo que a la larga terminó siendo el Estado para el Uruguay del siglo XX, hoy tenemos el desafío de construir el Estado para el Uruguay del siglo XXI. Después de 15 años de gobierno de izquierda, estoy convencido de que, con aciertos y con errores, hemos construido la plataforma para poder asumir ese desafío. Algunos piensan que el Estado uruguayo actual es demasiado grande y debemos achicarlo. Con un Estado débil se benefician siempre los más poderosos ya que los más vulnerables y excluidos cuentan con mucho menor protección y menor acceso al bienestar. Achicar al Estado como consigna es por lo tanto un posicionamiento ideológico, que claramente no comparto. Pero al mismo tiempo, de nada nos sirve tener un Estado grande si no se ocupa de resolver de manera efectiva los problemas de la gente. Y déjenme decirles que estoy convencido de que no hay nada más de izquierda que la gestión pública; si el Estado es el escudo para los más débiles, gestionar con eficacia es un imperativo ético; y como los gobiernos siempre cuentan con recursos escasos, gestionar con eficiencia es la garantía de que podremos resolver las necesidades de más personas y más colectivos. 

Por eso, estoy convencido de que el Estado para el Uruguay del siglo XXI no puede ser ni chico, ni grande, ni gordo, ni flaco; debe ser un Estado inteligente. 

Un Estado inteligente debe ser eficaz, para poder hacer todo lo necesario para que el país avance en la dirección deseada y hacerlo con la calidad requerida. Debe ser eficiente, para poder hacer más cosas, con la menor cantidad de recursos. Debe tomar todas sus decisiones basado en la mejor información disponible y tener a su disposición las mejores tecnologías con las que pueda contar. Debe demostrar empatía, apertura, capacidad de autocrítica, para colocarse siempre al servicio de la gente. Debe ser flexible y dinámico, para poder adaptarse a los cambios de un contexto en permanente transformación. Debe ser transparente, no sólo para evitar todas las formas de corrupción sino para que la ciudadanía, con mejor información, pueda juzgar y exigirle más al gobierno. Y debe contar con funcionarios capacitados, motivados y comprometidos con su función, conscientes de que deben estar siempre al servicio de la gente. En suma, un Estado que pone en el centro los derecho de los ciudadanos y se preocupa de que nadie quede atrás. 

De todo esto vamos a hablar esta noche.

Intervención de cierre y propuestas 

Gracias Lucía, Ruben y Daniel, y gracias a la distancia a Ricardo, por 4 grandes intervenciones que nos dan pie para hablar de las características que tendrá que tener el Estado uruguayo del siglo XXI. 

Quisiera resumir cuáles son, a mi entender, las principales cualidades que debe tener el Estado inteligente que precisamos diseñar y construir para darle un nuevo impulso al desarrollo y para insertar a nuestro país en el complejo mundo de las próximas décadas. Y, fundamentalmente, quisiera presentar las iniciativas que he preparado junto a mi equipo para dar los primeros pasos en esa dirección. 

Hemos organizado este camino en cinco grandes pilares que hemos llamado: gestión estratégica; regulación y control para la calidad de los servicios; transparencia y ética pública; Estado al servicio de la sociedad; y gestión humana para el servicio público. Quisiera explicarlos. 

Comencemos presentando el pilar de gestión estratégica. 

Como nos explicaba Lucía, un Estado inteligente debe contar en primer lugar con capacidades para la planificación estratégica. El Estado debe poder prender las luces largas e intentar mirar más allá del horizonte, para procurar adelantarse al futuro. Por ejemplo, tal como hice mientras estaba en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la transformación energética fue posible gracias a que antes hicimos una reflexión prospectiva que nos marcó el camino a seguir. 

Hoy, nuestro país cuenta con una visión prospectiva al 2050 sobre los aspectos principales del modelo de desarrollo. Partiendo de esta base, me propongo potenciar las capacidades prospectivas del Estado y utilizar esta metodología para generar grandes acuerdos nacionales para el mediano y largo plazo. 

Precisamente, la visión estratégica de desarrollo humano y desarrollo productivo que hemos presentado en los dos eventos anteriores está enmarcada en esta prospectiva al 2050 que hoy tenemos. La pregunta es: ¿cómo llevar esta estrategia a la acción? 

En base a una visión de largo plazo, un gobierno inteligente debe establecer de manera unificada sus lineamientos estratégicos y, en función de ellos, los objetivos y las metas a alcanzar durante su administración, alineando a todos los organismos públicos detrás de ellas. 

Naturalmente, una vez que definimos los objetivos a alcanzar, el asunto pasa a ser cómo lo hacemos. Como explicaba Ricardo en el video que acabamos de ver, hoy existe un conjunto de instrumentos que nos permiten gestionar las políticas públicas para potenciar la obtención de resultados. La metodología más potente es la de programas y proyectos. ¡Así lo haremos! 

Cada proyecto apunta a resolver un problema concreto de política pública. Tiene sus objetivos, sus metas, sus recursos, su cronograma. Existen metodologías comprobadamente exitosas para que cada proyecto culmine en los plazos previstos, dentro del presupuesto previsto y, fundamentalmente, que efectivamente alcance los resultados esperados. Además, el enfoque por proyectos facilita el trabajo transversal, rompiendo chacras. Un componente fundamental de esta metodología es la evaluación. Pero una evaluación que no sea solamente para cumplir un requisito formal, sino para identificar a tiempo si nos estamos alejando del objetivo, de forma de corregir el rumbo. Es necesario que cada política, cada programa, cada proyecto, cada acción del Estado, tenga metas claramente identificadas e indicadores que permitan medir su avance. Y aquellos que no logran cumplir las metas, deben ser revisados en profundidad, o eventualmente sustituidos por otros que efectivamente generen los resultados esperados. Precisamos avanzar fuertemente hacia una gestión por resultados. 

Este fue el camino que inicié en la Intendencia y en menos de 4 años logramos impulsar una nueva mirada transversal de las políticas públicas, permitiendo que más de un centenar de proyectos se gestionarán mediante esta metodología, evitando la superposición de políticas y programas, reduciendo los costos totales de los proyectos y, lo que es más importante, alcanzando los objetivos que nos habíamos planteado para resolver los problemas de la gente. 

Desde la Presidencia del país, me comprometo a hacer esto mismo pero para todo el Estado, generando un gobierno alineado, articulado y orientado a resultados. Para esto propongo cinco acciones principales. Primero, impulsar una Ley de Planificación y Resultados del sector público, siguiendo ejemplos internacionales exitosos, para que cada organismo dependiente de la administración central elabore una planificación estratégica en base a resultados, articulándolos con los objetivos centrales, los cuales deben hacerse públicos. Segundo, me propongo avanzar fuertemente en un armado presupuestal por proyectos, para que una buena parte de los recursos se vuelquen hacia proyectos transversales que procuren, de manera integrada, abordar los principales desafíos de política pública y garantizar que el presupuesto esté alineado con la estrategia global del gobierno. Tercero, quisiera impulsar un Sistema Nacional de Gestión de Proyectos que involucre a los Ministerios y los diversos organismos dependientes de la administración central, para garantizar, mediante una metodología única, una adecuada gestión transversal de los proyectos más relevantes. Cuarto, me propongo potenciar las capacidades de evaluación del Estado, con el objetivo de realizar un seguimiento de las metas asociadas a todo el gasto público, y con mecanismos que permitan corregir a tiempo la ejecución de políticas que no estén alcanzando las metas previstas. Quinto y último, voy a definir nuevos mecanismos que permitan focalizar el rol de la Presidencia en la coordinación y el seguimiento de las principales políticas públicas del gobierno. 

Por otro lado, un Estado del siglo XXI deberá reforzar tanto el diseño de política y de rectoría, al menos para algunos sectores. Pienso por ejemplo en salud, en ciencia y tecnología, en infancia, en ambiente, en cultura o en género. En particular, será necesario generar e las capacidades para transversalizar la mirada de género en el diseño de las políticas públicas, desde su concepción. 

Para cerrar el pilar de la gestión estratégica no quiero dejar de mencionar un aspecto importante: el Estado debe manejarse con prudencia fiscal. Para mí esto no es simplemente un concepto teórico. Es lo que efectivamente hicimos en la Intendencia de Montevideo. Eso permitió que la Intendencia tuviera un resultado fiscal positivo durante tres años consecutivos y al mismo tiempo hacer un conjunto de inversiones históricas por más de 700 millones de dólares. Para alcanzar este objetivo se requirió un trabajo sistemático que permitiera llevar a la práctica todo lo que describí hasta ahora: fuerte vinculación entre la estrategia política y las acciones, gestión transversal por proyectos, seguimiento de indicadores para el cumplimiento de metas, gestión fiscal profesional, involucramiento y liderazgo en relación a las políticas más significativas. Y por encima de todo, un imperativo ético: la austeridad, que nos llevó a revisar el objetivo de cada peso que gasta la Intendencia para justificar su pertinencia. 

Este esfuerzo sistemático es lo que me comprometo a volver a hacer en el gobierno nacional, con el objetivo de garantizar el manejo fiscal requerido para darle un nuevo impulso al desarrollo. 

Me quiero referir ahora al segundo pilar, el de la regulación y el control para garantizar la calidad de los servicios, entendidos en un sentido amplio del término, que involucra no sólo los que brinda directamente el Estado sino también los servicios públicos ofrecidos por los actores privados. Pienso por ejemplo en la energía, el agua o las telecomunicaciones, pero también la salud, la educación, el transporte o el mercado de alquileres, entre muchos otros. Sin pretender interferir en los negocios entre particulares, entiendo que una de las funciones del Estado inteligente del siglo XXI es la de velar para que, tanto las actividades vinculadas a los derechos fundamentales de las personas, como aquellas que inciden directamente en la competitividad de la economía, se cumplan con calidad, con seguridad y con tarifas que reflejen adecuadamente los costos. 

Como indica la experiencia internacional, la clave para avanzar en este sentido es la regulación, ya que permite una reducción de los costos de estos servicios, que forman parte del sector no transable de la economía, mejorando de esta forma la competitividad del país y el poder de compra de los salarios. Para lograr este objetivo, me propongo entre otras acciones mejorar las capacidades de los organismos encargados de la regulación y la fiscalización de todos estos sectores e impulsar la mayor transparencia en relación a la estructura de costos de todos estos servicios. 

Y antes de pasar al siguiente pilar, quiero hacer una mención particular a los servicios ofrecidos por las empresas públicas. Me comprometo a que sus tarifas se fijen con una metodología transparente y que, paulatinamente, pasen a reflejar los costos de eficiencia de cada empresa. 

Permítanme referirme ahora al tercer pilar necesario para construir el Estado del siglo XXI: la ética pública y la transparencia. En primer lugar, la probidad es una condición insoslayable. No hay corrupciones chicas y corrupciones grandes; todas son éticamente inadmisibles y políticamente inaceptables. Todos, desde el Presidente de la República hasta los funcionarios con responsabilidades, debemos dar las garantías a la ciudadanía de que puede confiar en el Estado. Esa es la base del contrato social que construye a un país. Si el Estado no es confiable, ¿cómo puede el ciudadano aceptar que el Estado lo controle, que guarde información importante que le pertenece, o permitirle el uso de la fuerza? Por eso, el Estado inteligente debe contar con los mejores instrumentos disponibles para evitar la corrupción, así como para identificar de manera inmediata a funcionarios, ya sean políticos o de carrera, que caigan en la corrupción, para arrancarla de cuajo. Por estas razones hemos diseñado un Sistema Nacional 

de Prevención de la Corrupción que incluye al menos cuatro iniciativas. Primero, el fortalecimiento de la JUTEP, dotándola de recursos humanos y financieros. Segundo, impulsando la lógica de transparencia activa, ampliando las declaraciones juradas de patrimonio y de conflictos de interés para un número mayor de cargos de confianza, incluyendo familiares, y realizando un seguimiento luego de la salida del cargo público. Tercero, estudiar la ampliación de la declaración jurada de conflictos de interés para funcionarios en organismos de control y regulación. Y cuarto, realizar ajustes normativos en las tipificaciones de los delitos de corrupción, tomando como referencia las mejores prácticas a nivel internacional. 

Por otro lado, la transparencia es el principio fundamental del gobierno abierto. Como nos explicaba Daniel, el Estado inteligente no sólo pone sus datos a disposición de la ciudadanía sino que prepara especialmente información para ser compartida con la gente. Esta estrategia no sólo empodera a la ciudadanía, permitiéndole opinar con mejor información y de esta forma tensar al gobierno para que mejore su accionar, sino que garantiza sus derechos, permitiéndole el acceso y control de los datos que el Estado almacena y gestiona. Como lo hicimos en la Intendencia de Montevideo, me comprometo a impulsar un gobierno abierto y transparente. 

Quiero referirme ahora al cuarto pilar. El Estado inteligente que precisa el Uruguay del siglo XXI debe estar al servicio de la sociedad, mostrando empatía y cercanía con la gente. La transformación del trámite para sacar la cédula de identidad, algo que hacemos todos y todas, es un ejemplo de cómo conjugar transformación tecnológica, compromiso de funcionarios, liderazgo y decisión política, para colocar a la ciudadanía en el centro de nuestros desvelos. Ejemplos como los que hoy mostró Ruben nos entusiasman porque nos muestran que eso es posible. En la Intendencia, una de las principales herramientas que utilizamos para mejorar los servicios y los vínculos con la ciudadanía fue el Departamento de Desarrollo Inteligente y Sostenible. Cito sólo tres ejemplos: generamos más de 250 trámites en línea, utilizamos el Centro de Gestión de la Movilidad para reducir fuertemente la siniestralidad vial y creamos aplicaciones para celulares con los servicios disponibles en tiempo real. 

Estoy convencido de que una de las mejores herramientas para seguir mejorando los servicios que el Estado le ofrece a la gente es la participación ciudadana. Por ello me propongo mejorar fuertemente todos los caminos que permitan un ida y vuelta fluido entre el gobierno y la ciudadanía, a través de todas las tecnologías que hoy están disponibles. Deberán generalizarse e institucionalizarse en todo el Estado. Deben servir para recibir críticas, reclamos y cuestionamientos, pero también comentarios y, fundamentalmente, sugerencias para que el Estado pueda mejorar. Pero como nos comentaba Daniel, el grado máximo de participación se alcanza cuando el Estado y la ciudadanía colaboran activamente, compartiendo información y saberes. Ejemplos como el de servicios.uy nos entusiasman. Deberán ser replicados en otros sectores. 

Finalmente, quiero decir unas palabras sobre el quinto y último pilar. Naturalmente el Estado inteligente que estamos describiendo sólo es posible con funcionarios empoderados, capacitados, motivados y comprometidos con su función. Como vimos en la exposición de Ruben, buena parte de la capacidad transformadora del Estado se encuentra precisamente en sus funcionarios y funcionarias. Necesitamos un equipo con la camiseta puesta y estoy convencido de que en muchos sectores del Estado ya lo tenemos. Sólo es necesario empoderarlos y acompañarlos en sus iniciativas, ya que un Estado inteligente es aquel que logra el mayor despliegue de los talentos de su personal. Por eso quiero hacer un llamado a quienes vuelcan buena parte de su vida al servicio público, porque espero y preciso de ustedes. Para lograr todo esto, me propongo cuatro acciones principales. Primero, desarrollar un Plan integral de gestión humana que incluya un Programa de Alta Gerencia Pública, un Programa de formación de mandos medios y un Sistema de educación permanente de funcionarios públicos. Segundo, estudiar la ampliación de los compromisos de gestión como instrumentos de cambio cultural hacia la gestión por resultados. Tercero, fortalecer la Oficina Nacional de Servicio Civil y la Escuela Nacional de Administración Pública, como organismos rectores de la gestión humana. Cuarto, ampliar los acuerdos con la Universidad de la República e instituciones especializadas en gestión pública.

En suma, en unas rápidas pinceladas intenté presentar las principales características que debe tener el Estado que el Uruguay necesita para darle un nuevo impulso al desarrollo productivo y humano. 

Apoyados en la fuerza de nuestra historia, la gran base de talento humano y los múltiples recursos que tiene este maravilloso país, tengo la certeza de que las grandes transformaciones no representan sólo temas técnicos o políticos; representan por sobre todo una gran construcción social. 

No somos ingenuos, sabemos que hay diversidad y diferencias de enfoques y de intereses. El centro está en ser conscientes de ello y administrar, republicana y democráticamente, con transparencia y capacidad de diálogo, las diferencias y las tensiones. 

Como lo marca la riquísima tradición frenteamplista, y como ha sido todo este proceso de los Impulsos al Desarrollo, nuestro camino siempre estará sustentado en el trabajo colectivo, tanto en la reflexión como en la acción. 

Por ello, en el cierre de este ciclo, convocamos a todas y todos a contribuir en la transformación para el desarrollo humano y productivo, necesaria para construir igualdad de oportunidades y de puntos de partida, con centro en la gente y la mirada puesta en el presente de quienes están y en el futuro de quienes están por venir.