Gestión estratégica

Un Estado inteligente genera las capacidades para planificar, definir sus políticas y gestionarlas, de acuerdo a análisis profundos y sistemáticos. Nos proponemos contar con un gobierno más alineado, articulado y orientado a resultados, con prudencia en la gestión fiscal, en base a una visión estratégica. Esta mirada exige una complementación entre diferentes componentes: la definición de una estrategia unificada para todo el gobierno, basada en una visión de país de largo plazo; la definición de un presupuesto armado por programas y proyectos transversales al servicio de dicha estrategia, con objetivos y metas claras e indicadores que permitan medir el avance; y una adecuada combinación de tecnología, procesos y capital humano para alcanzar dichas metas. Las principales acciones vinculadas a la gestión estratégica para el período serán: 

· Potenciar las capacidades prospectivas del Estado, coordinada por la Dirección de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y utilizar esta metodología para generar grandes acuerdos nacionales para el mediano y largo plazo. 

· Impulsar una Ley de Planificación y Resultados del sector público, siguiendo ejemplos internacionales exitosos, para que cada organismo dependiente de la administración central elabore una planificación estratégica en base a resultados, con objetivos y metas articuladas con los lineamientos y objetivos centrales transversales. Estos objetivos y metas, así como los indicadores para medir su avance, deberán hacerse públicos. 

· Avanzar fuertemente en un armado presupuestal por programas y proyectos, para que una buena parte de los recursos se vuelque hacia proyectos, tanto sectoriales como transversales, que procuren, de manera integrada, abordar los principales desafíos de política pública y garantizar que el presupuesto esté alineado con la estrategia global del gobierno. 

· Impulsar un Sistema Nacional de Gestión de Proyectos que involucre a los Ministerios y los diversos organismos dependientes de la administración central, para garantizar, mediante una metodología única, una adecuada gestión de los proyectos más relevantes. 

· Potenciar las capacidades de evaluación del Estado, con el objetivo de realizar un seguimiento de las metas asociadas a todo el gasto público, y con mecanismos que permitan corregir a tiempo la ejecución de políticas que no estén alcanzando las metas previstas. 

· Definir nuevos mecanismos que permitan focalizar el rol de la Presidencia en la coordinación y el seguimiento de las principales políticas públicas del gobierno. 

· En relación a los procesos y procedimientos, se desarrollarán las acciones siguientes: 

  • Simplificar procesos y trámites en el marco del derecho público para acortar los tiempos burocráticos y evitar la salida hacia el derecho privado. 
  • Fortalecer los controles sobre Sociedades Anónimas, Personas Públicas no Estatales y fideicomisos por parte del Tribunal de Cuentas. 
  • Mejorar los procesos de compras, buscando reducción de tiempos y de esta manera reducción de precios a pagar. Como se indica en el documento sobre desarrollo productivo, los procesos de compra buscarán incentivar bienes y servicios nacionales. 
  • Readecuar el rol del Tribunal de Cuentas para privilegiar un papel de asesoramiento a los organismos públicos, acompañando el proceso de ejecución del gasto desde su diseño; complementariamente, sin perder el rol de contralor del gasto, avanzar de un contralor ex – ante hacia un contralor ex – post. 

· En relación a la institucionalidad, nos proponemos repensar y eventualmente comenzar a reestructurar algunas reparticiones del Estado, con cuatro objetivos: 

  • Evitar superposición y conflictos de roles entre diferentes organismos. 
  • Diferenciar tres tipos de roles: de rectoría y diseño de políticas sectoriales, de ejecución de políticas y de fiscalización y contralor. 
  • Reforzar las capacidades de diseño de política y de rectoría en algunos sectores, como ciencia y tecnología, infancia, ambiente, salud, cultura y género. 
  • Generar en cada organismo las capacidades para transversalizar la mirada de género en el diseño de las políticas públicas, desde su concepción.