Inclusión Socio Económica

En el contexto de las baterías de iniciativas presentadas en los apartados de Empleo y Educación, se incluyen aquí algunas medidas que aportan al desarrollo humano a partir de acciones centradas en impulsar y ampliar Derechos en general, así como las oportunidades de inclusión laboral a través de la capacitación, la formación dual, la promoción de autoempleo y la intermediación laboral. Todas ellas son complementarias y se encuentran más desarrolladas en los apartados mencionados.

–  Desarrollar programas de apoyo económico y capacitación a emprendimientos individuales y asociativos cooperativos.

– Optimizar el acceso al crédito, así como efectivizar y ampliar el sistema de compras estatales;

– Fortalecer y rediseñar las estrategias de trabajo protegido incluyendo programas adecuados a los perfiles de población y trayectorias de vida.

–  Ampliar y diversificar las estrategias de acompañamiento social y formativo.

– Ampliar y fortalecer los programas de egreso de las personas privadas de libertad, adolescentes de amparo y personas con consumo problemático de drogas.

– Conformar un Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos para niños, niñas y adolescentes y sus familias, que promueva el diseño de políticas públicas para la primera infancia, infancia y adolescencia y que involucre al conjunto de los organismos competentes, la sociedad civil y los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Un sistema que permita abordar la pobreza y las distintas vulnerabilidades apostando a la transparencia, eficiencia en el gasto público y el monitoreo de las trayectorias durante esta parte del ciclo de vida. 

  • Implementar un Plan nacional para las personas mayores con adecuación de la rectoría de las políticas especializadas en las personas mayores y la supervisión de las mismas evitando la fragmentación y los matices en relación a los objetivos definidos. El mismo abarcará la revisión de las normativas y protocolos (violencia, abuso y maltrato, vivienda, cuidados, justicia, seguridad social, salud) para adecuar a los compromisos establecidos en la Convención de los Derechos de las personas mayores que promuevan la formación de las personas que trabajan con esta población para su correcta aplicación. Asimismo, se controlará la correcta aplicación de la regulación tanto de los servicios estatales como privados.