Inversión en Vivienda

Se impulsará una estrategia nacional para promover la inversión en vivienda, de largo aliento y con énfasis en la densificación de las áreas centrales e intermedias de los centros urbanos en los que se verifique déficit cuantitativo de viviendas.

En el quinquenio se trabajará en los siguientes seis campos de acción:

·         Complementación del programa de vivienda promovida de inversión privada para alcanzar el doble objetivo de llegar a la población de ingresos medios bajos e incentivar los desarrollos inmobiliarios en áreas urbanas que resultaron menos atractivos para los inversores. A tales efectos:

a.   Se evaluará la posibilidad de otorgar al Banco República – bajo las condiciones que establezca la política de vivienda en cuanto a localización, población objetivo y otros requisitos – la facultad de financiamiento a desarrolladores previsto en la Ley 16.760 de Préstamos hipotecarios para financiar la construcción de edificios en el régimen de propiedad horizontal, actualmente solo disponible para la banca privada.

b.   Se revisará el Fondo de Garantía Inmobiliario (FOGADI) de forma que la cobertura de riesgo crediticia sea efectiva para que los bancos tengan los incentivos suficientes para financiar proyectos de menor tamaño y en barrios de menores ingresos.

c.   Se ampliará el acceso al Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios (FGCH) flexibilizando los topes de ingreso de los hogares, pero manteniendo los topes sobre los precios de las viviendas.

d.   Se impulsarán los préstamos a los compradores de estas viviendas, combinados con subsidio a la cuota en conjunto con el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios (FGCH).

e.   Se evaluará la posible participación, a través del Fondo Nacional de Vivienda, en la cofinanciación de la construcción de viviendas de proyectos promovidos por la Ley 18.795 orientados a la población objetivo de la política.

·         Desarrollo de alternativas habitacionales con financiamiento público y privado para que los sectores de ingresos medios bajos y bajos (a los que les resulta difícil acceder a crédito hipotecario) logren integrarse a barrios de zonas intermedias de las ciudades. A tales efectos:

a.   Se promoverán conjuntos de vivienda cuya modalidad de tenencia predominante por parte de sus habitantes sea el arrendamiento, con una combinación de financiamientos mixtos, mediante reglas claras, transparentes y previamente establecidas y con un organismo independiente de control de su aplicación.

b.   Se evaluará la posibilidad de promover conjuntos de vivienda encargados por el Estado a privados, en el marco de los instrumentos normativos para la participación público privada, promoviendo la construcción, comercialización y arrendamiento.

·         Atención de los desafíos que se le presentan al sistema cooperativo de vivienda para potenciarlo aún más:

a.   En función de la política de acceso al suelo urbano a nivel nacional y departamental, se mejorarán aquellas decisiones relacionadas a la localización de los proyectos cooperativos teniendo en cuenta la optimización de la inserción de las cooperativas en la trama barrial existente. 

b.   Se estimulará la innovación tecnológica y nuevos procesos constructivos y tipologías en el modo cooperativo.

c.   Se promoverá la reducción de los tiempos que determinan procesos prolongados de constitución, financiamiento, construcción y habitación de los grupos cooperativos.

d.   Se fomentará el sostenimiento de la participación de los socios y socias considerando el recambio de los usuarios de las viviendas, con la inserción de familias que no participaron en el proceso de construcción.

·         Ampliación del alcance del Programa de autoconstrucción asistida.

·         Promoción de la innovación tecnológica en la industria de la construcción y su aplicación a la vivienda.

·         Se promoverán tres acciones adicionales para el aumento del stock disponible: incorporar los inmuebles vacíos y degradados al mercado en aplicación de la ley 19.676; incentivar la ocupación de las viviendas desocupadas utilizables (excepto las de uso estacional) desestimulando que permanezcan vacías por más de un plazo a definir; y promover carteras de inmuebles en asociación entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales donde sea necesario.