Regulación y control para garantizar la calidad de los servicios

En un Estado inteligente los servicios, en un sentido amplio del término, ya sean los que brinda directamente el Estado como los servicios ofrecidos por los actores privados, deben estar adecuadamente regulados y fiscalizados también (energía, agua, telecomunicaciones, salud, educación, transporte, o el mercado de alquileres, entre muchos otros). Estas actividades, que están vinculadas tanto a los derechos fundamentales de las personas o que inciden directamente en la competitividad de la economía, deben cumplirse con calidad, con seguridad y con tarifas que reflejen adecuadamente los costos asociados a la provisión eficiente de los mismos. Para ello nos proponemos llevar adelante tres iniciativas: 

· Fortalecer los organismos del Estado con responsabilidad de regulación y fiscalización de los sectores no transables de la economía, es decir, aquellos que no están en competencia directa con el resto del mundo. La experiencia internacional muestra que, además de mejorar la calidad de los servicios, la regulación permite una reducción de los costos de estos servicios, mejorando la competitividad del país y el poder de compra de los salarios. 

· Impulsar la mayor transparencia en relación a la estructura de costos de todos estos servicios. 

· Fijar las tarifas de las empresas públicas de manera transparente y que, paulatinamente, éstas pasen a reflejar los costos de eficiencia de cada empresa, incluyendo los dividendos predefinidos para el propietario (en este caso el Estado), como reconocen todas las regulaciones en el mundo, y donde se expliciten los subsidios existentes ya sea en precios de compra de insumos como en precios de venta.